Nuevas fechas obligatorias de VeriFactu: empresas en 2027 y autónomos en julio 2027
Modificación de las fechas de inicio obligatorias para VERI*FACTU
Publicado el 03/12/2025
El Gobierno retrasa oficialmente la entrada en vigor obligatoria del sistema VERI*FACTU, modificando las fechas establecidas para empresas y autónomos. El cambio afecta a la planificación fiscal y tecnológica de miles de negocios españoles.
Nuevo Real Decreto-ley 15/2025: cambio de fechas
Hoy, 3 de diciembre de 2025, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que modifica el Real Decreto 1007/2023, conocido como “Reglamento VERI*FACTU”.
Este cambio legislativo afecta directamente a las fechas límite de obligado cumplimiento para la adopción del sistema de facturación verificable, tanto en empresas del Impuesto de Sociedades como en autónomos y otras entidades.
⏳ Nuevas fechas de aplicación obligatoria
- Empresas contribuyentes del Impuesto de Sociedades: 1 de enero de 2027.
- Resto de empresas y autónomos: 1 de julio de 2027.
Con este cambio, el ejercicio fiscal 2026 deja de considerarse un periodo obligatorio para la adopción del sistema, lo que amplía el margen técnico y organizativo para la implantación.
Actualizaciones previstas en Factusol, Delsol y TPVSOL
Ante este nuevo escenario normativo, los equipos técnicos de Factusol, Delsol y Tpvsol ya han comenzado los ajustes necesarios para adaptar los programas a las nuevas fechas.
Durante las próximas semanas se liberarán versiones actualizadas que integrarán los cambios exigidos por el Real Decreto-ley, garantizando que todos los usuarios puedan trabajar con plena seguridad jurídica antes de la entrada obligatoria en 2027.
Estas actualizaciones asegurarán que los sistemas reconozcan que el ejercicio 2026 no es obligatorio dentro de la normativa VERI*FACTU.
© 2015 La Tienda del TPV | Expertos en sistemas TPV - Tenemos lo que su negocio necesita.
Reflexión: el impacto real para los distribuidores
¿Y qué pasa ahora con los distribuidores de software que ya han realizado compras anticipadas de licencias para sus clientes? La modificación de fechas ha provocado una reacción inmediata en el mercado: muchos clientes, al no verse ya obligados a aplicar VERI*FACTU en 2026, están devolviendo no solo las licencias, sino también el material asociado que habían adquirido para ponerse al día.
Esta situación coloca a los distribuidores en una posición especialmente delicada. En nuestro caso, hablamos de una inversión en licencias cercana a los 10.000 euros, una cifra que se vuelve difícil de amortizar cuando los clientes solicitan la devolución y los proveedores no aceptan recuperar el material. El problema no es puntual: afecta a cientos de empresas en toda España que habían adelantado inversiones importantes con previsión, responsabilidad y compromiso hacia sus clientes.
Surge ahora una pregunta inevitable: ¿estarán dispuestas las empresas fabricantes de software a anular esas facturas, retirar las licencias y reembolsar los importes? Hasta el momento, no existe una postura unificada en el sector. Y aunque es cierto que los fabricantes también han asumido gastos significativos —programadores, equipos de soporte, marketing, desarrollo, certificaciones y adaptación normativa—, la carga económica vuelve a recaer en los mismos de siempre: los distribuidores.
Durante meses hemos actuado con responsabilidad, informando, asesorando y preparando a empresas y autónomos para un cambio normativo que ahora se retrasa un año y medio más. El resultado: almacenes con productos no retornables, licencias activadas o registradas y un dinero inmovilizado que en muchos casos supone un golpe financiero importante.
Queda por ver cómo reaccionará la industria del software ante esta situación. ¿Asumirán su parte de responsabilidad devolviendo importes o habilitando algún sistema de compensación? ¿O volverá a recaer en los distribuidores la obligación de absorber el coste de una decisión regulatoria que escapa por completo a su control?
En cuanto conozcamos las respuestas de los diferentes fabricantes y proveedores, lo comunicaremos. Porque este asunto no es solo un retraso administrativo: afecta a toda una red comercial que sostiene y da servicio a miles de negocios, y cuya estabilidad también debería formar parte del debate público.